En los presupuestos de 2015, ya en trámite parlamentario, destaca la referencia a la transversalidad de la discapacidad en todas las partidas. ¿La discapacidad está permanentemente en la agenda política del Gobierno?

 

Va a estar en todos los ministerios y centros directivos, pero se pretende que sea también en todas las administraciones, la del Estado, las autonómicas y las locales. De hecho, la idea de mantener en un momento de crisis esta dirección general de Discapacidad fue con el objetivo de que trabaje permanentemente con centros directivos para que en todas aquellas medidas que se han tomado (reales decretos, planes, etc.) de todos los ministerios que se han llevado al Consejo de Ministros, siempre ha habido medidas de acción positiva en favor de las personas con discapacidad, en el plan PIVE, en las medidas de fomento del empleo, en los deshaucios... 

 

¿El presupuesto de esta dirección general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad se mantiene, respecto al del año pasado?

 

Se mantienen desde el punto de vista cuantitativo, pero además ha habido un ahorro importantísimo en el gasto corriente, el gasto interno del ministerio. Llevamos ya varios años haciéndolo. En 2012 el ahorro del gasto corriente fue de un 75%, reduciendo los gastos internos con el fin de que no afectara el presupuesto que va directamente a personas con discapacidad. Y este año ha pasado lo mismo, se ha reducido el gasto corriente y eso hace que aumente el presupuesto para personas con discapacidad un 6%.

 

Dígame tres aspectos en las que sea perceptible ese aumento.

 

La partida de protección social de las personas con discapacidad, que se ha aumentado un 2,5%, que ya sabemos que es un leve incremento, pero es incremento, y alcanza los 4,1 millones de euros, que son las subvenciones del tercer sector, las que se destinan al mantenimiento de las entidades de ámbito nacional del tercer sector, no a programas y proyectos, que va a través del IRPF. 

 

Otra de las cosas importantes que quiero destacar es el convenio con la CNSE para el servicio de comunicación de las personas sordas, que se ha incrementado un 5,14%, llegando a los 532.250 euros, que facilita el acceso de las personas sordas a la comunicación para todos los servicios de la vida diaria.

 

Hace unos días se firmó un acuerdo muy importante entre loterías europeas y el Fondo Europeo de Discapacidad (EDF) para promover el empleo, ¿hacen falta más acuerdos de este tipo, que siguen un poco el modelo de la ONCE?

 

España es un referente en materia de empleo de personas con discapacidad. Ya se conocen bien los datos de empleo de este año: en el primer semestre ha crecido el empleo de personas con discapacidad un 20% (19,98%) en relación al primer semestre de 2013 y un 29% con relación a 2012.  Evidentemente quien genera empleo son las empresas, no la Administración, pero tenemos que marcar el camino o establecer las líneas básicas para que las empresas y organizaciones generen empleo.

 

Con la reforma laboral, el Gobierno recuperó las medidas estatales de fomento del empleo de personas con discapacidad que habían sido derogadas en 2011 y entendíamos que eran necesarias para incentivar esa generación de empleo, y estamos recogiendo los frutos. Pero también es cierto que todavía estamos muy lejos de esa inclusión real o esa normalización por eso es necesario seguir incentivando e impulsando todavía el empleo protegido y las medidas de acción positiva.

 

En la Estrategia de Discapacidad uno de los puntos de fomento del empleo apostaba por el impulso de las cláusulas sociales en la contratación pública. Hace unos meses se rechazó una propuesta en este sentido en el Congreso y usted aseguraba que querían impulsar una medida más consensuada, ¿para cuándo esa aprobación?

 

A corto plazo. Estamos trabajando en esas medidas sociales y lo queremos hacer consensuado con el sector, que lo estamos haciendo, y con el resto de los grupos políticos. Queremos sacarlo porque creemos en ello, lo que no queríamos era sacar un modelo que no estuviera bien cohesionado ni consolidado. Trabajamos para que sea en este legislatura y no hace falta que sea un real decreto, puede haber otros modelos que sean mucho más eficientes y más rápidos. 

 

Hace unos días se presentó el informe Universidad y Discapacidad, ¿Qué valoración hace del mismo?

 

La realidad social ha cambiado radicalmente en los últimos años. Hace años se preparaba a las personas con discapacidad para llevar una vida ‘pasiva’. Ahora, todos los jóvenes que, por ejemplo, sufren un accidente, al cabo casi de una semana tras levantarse de la cama están recibiendo formación y preparándose para continuar los estudios. Los jóvenes con discapacidad cada vez tienen más acceso a la educación superior. En educación general, el 80% de los escolares están en colegios normalizados, el índice más alto de toda Europa. Sin embargo, para cumplir con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad tenemos que llegar al 100%. 

 

Mi valoración es por tanto muy positiva pero queda mucho  trabajo por hacer. Digo esto porque no quiero que en ningún momento mi discurso resulte triunfalista porque sería no tener en cuenta la realidad. Los datos nos indican que estamos trabajando en la buena dirección pero evidentemente estamos muy lejos de llegar a la verdadera inclusión de las personas con discapacidad. 

 

Recientemente el CERMI ha puesto en marcha la campaña “Construyamos accesibilidad” para impulsar la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, ¿cree que esa campaña puede tener pronto un final feliz?

 

En el último consejo del Real Patronato, el primero que presidió la Reina Letizia, la ministra de Fomento, Ana Pastor, se comprometió a revisar la Ley de Propiedad Horizontal con el objeto de solventar esa situación. De hecho, esa revisión de la ley se ha incluido en la Estrategia Española de Discapacidad, en la medida 80B, con el fin de conseguir eliminar las barreras para las personas con discapacidad de una vez por todas. 

 

De cara a las próximas elecciones, de nuevo nos encontramos con la limitación del derecho a voto de miles de personas con discapacidad. ¿Cree que se podrá abordar en un futuro cercano la reforma de la ley electoral?

 

Es nuestra asignatura pendiente. Hemos avanzado en muchos campos pero en el campo de Justicia es donde menos se ha avanzado, en lo que es la adaptación al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, la tutela, la curatela... el derecho a voto. Y en esa línea estoy dejando todos mis esfuerzos en los últimos tiempos. Es verdad que compete a Justicia, a Interior y a este ministerio, por ser la Dirección General de la Discapacidad, y desde luego ahí estoy trabajando con los otros ministerios. Y también es verdad, quizás equivocadamente, que durante estos años he dado otras prioridades o le he dicho a la ministra que había otras prioridades y esto lo hemos dejado al final.

 

¿Qué le queda por hacer a esta dirección de Discapacidad en el año aproximado que falta para agotar la legislatura?

 

Hay dos cosas importante, una es la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya está publicada, y hay otra que es la Ley del Tercer Sector, que lidera de alguna manera esta dirección por encargo de la ministra. Queremos que se apruebe antes de que acabe la legislatura, será el broche de oro para la discapacidad y las entidades sociales. Debemos dejarla aprobada antes de que acabe la legislatura.